No desechar aquello que podamos necesitar

El Monitor global de residuos electrónicos, un informe conjunto publicado por la Universidad de Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) estima que en 2017 la producción total de residuos electrónicos alcanzó los 44,7 millones de toneladas. De estos residuos, solo el 20 % se reciclaron a través de los canales apropiados. En 2021, según ese mismo informe, se espera que los volúmenes de residuos electrónicos se disparen a 52,2 millones de toneladas.

Los residuos electrónicos son cualquier residuo creado por dispositivos y componentes electrónicos desechados, así como las sustancias involucradas en su fabricación o uso. En la fabricación de estos dispositivos y componentes se emplean sustancias tóxicas como plomo, mercurio, cadmio y materiales ignífugos bromados (utilizados en placas de circuitos, por ejemplo). Si no se reciclan adecuadamente, cuando se desechan, estas sustancias tóxicas pueden filtrarse en el medio ambiente y contaminar la tierra, el agua y el aire. Cuando no se reciclan mediante procedimientos normalizados, los residuos electrónicos se entierran bajo tierra en un vertedero o se queman en un incinerador. Ambos procedimientos causarán contaminación ambiental.

Los países de todo el mundo han reconocido la necesidad de una acción global mediante la firma de diferentes acuerdos internacionales diseñados para regular los residuos electrónicos. Son, entre otros, el Convenio de Basilea, cuyo objetivo es controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación; y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que establece fechas límite para la eliminación gradual de productos que pueden contener mercurio, como baterías, interruptores y bombillas fluorescentes compactas. En el ámbito nacional se han redactado muchos otros acuerdos o declaraciones de intenciones. Varios se basan en el principio de responsabilidad ampliada del fabricante (EPR), que alienta a los fabricantes a gestionar los residuos generados por sus productos que están en el mercado.

En 2001, Japón comenzó a adoptar un nuevo marco legal destinado a proporcionar una gestión de residuos más segura y eficaz, siguiendo el principio de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Se adoptaron cinco leyes específicas de la industria basadas en EPR. Incluyen una ley de reciclaje de electrodomésticos (HARL) que se refiere a productos como aires acondicionados, neveras, televisores y lavadoras. En Japón, la EPR es compatible con un enfoque de responsabilidad compartida en el que todos soportan la carga de la gestión de los residuos: ciudadanos, empresas, municipios y el gobierno nacional. Por ejemplo, con la HARL, los minoristas recogen los productos al final de su vida útil, los consumidores pagan los gastos obligatorios para el reciclaje y el transporte, y los fabricantes reciclan los productos recogidos. Para los fabricantes, la recuperación es obligatoria. El sistema ha ayudado a forjar una cultura de reciclaje en las plantas de fabricación. Algunos ejemplos son el reciclaje masivo de los metales de tierras raras utilizados en las baterías de níquel, metal para los coches híbridos producidos por un fabricante de automóviles líder.

En 2017, China adoptó un nuevo plan de EPR que establece objetivos para que la tasa de reciclaje de residuos electrónicos alcance el 50 % en 2025. El plan requiere que los fabricantes se adhieran a las normas de protección ambiental durante la vida útil de sus productos, en lugar de centrarse únicamente en el proceso de fabricación. Inicialmente afectará a los productos electrónicos, los automóviles, las baterías de plomo ácido y los productos de embalaje.

La última legislación sobre residuos electrónicos de la Unión Europea es su directiva de 2012 sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La implementaron los estados miembros en 2014. En los países en desarrollo, la recogida informal de residuos electrónicos es una práctica generalizada. El reciclaje en el “patio trasero”, como a veces se llama, puede causar graves daños al medio ambiente y la salud humana. Las técnicas rudimentarias incluyen la quema al aire libre para extraer metales, la lixiviación ácida para obtener metales preciosos y la fundición de plásticos sin protección. Si bien un número creciente de estos países está adoptando la legislación sobre residuos electrónicos, la efectividad de la aplicación e incluso el tipo de residuos electrónicos recogidos y reciclados varía considerablemente.

Cumplir con los requisitos de las normas internacionales es una de las formas de garantizar que los productos eléctricos y electrónicos cumplan con las regulaciones regionales e internacionales sobre residuos electrónicos. IEC está liderando el camino a través del trabajo de varios de sus comités técnicos.

El Comité IEC/TC 111 Normalización medioambiental para productos y sistemas eléctricos y electrónicos se centra en el impacto ambiental general de los productos electrónicos y eléctricos a lo largo de todo su ciclo de vida: desde la adquisición de materias primas hasta la fabricación, distribución, uso, mantenimiento, reutilización y reciclaje de sus componentes. Una de sus publicaciones clave es la IEC 62430, una norma horizontal que especifica los requisitos para integrar los aspectos ambientales en los procesos de diseño y desarrollo de productos eléctricos y electrónicos. El IEC/TC 111 está en estrecha relación con varios comités técnicos basados en documentos de IEC que tratan de manera autónoma los aspectos ambientales relevantes. Por ejemplo, el IEC/TC 107 Gestión de procesos para aplicaciones electrónicas en aviación, prepara normas que mitigan el uso del estaño y el plomo en la aviación.

IECQ, el Sistema de Evaluación de la Calidad de IEC para Componentes Electrónicos, lanzó el esquema de gestión de procesos de sustancias peligrosas (HSPM) que proporciona la certificación de terceros para los fabricantes que cumplen con las regulaciones nacionales pertinentes en cada país. Uno de los comités consultivos del IEC, ACEA (Comité Asesor sobre Aspectos Ambientales), considera todos los aspectos de protección ambiental que están relacionados con el efecto perjudicial de un producto, grupo de productos o un sistema que utiliza tecnología eléctrica, incluida la electrónica y las telecomunicaciones. Ayuda a coordinar el trabajo de IEC en aspectos ambientales para garantizar la coherencia y evitar la duplicación en las normas internacionales IEC. Las actividades de ACEA se centran en temas relacionados con el diseño ecológico y, más específicamente, con la gestión de sustancias, el tratamiento al final de la vida útil y el etiquetado ambiental.

Los elementos de tierras raras se utilizan en la producción de productos electrónicos para los que existe una demanda creciente o continua. Estos incluyen teléfonos móviles, televisores LED, vehículos eléctricos y sensores de oxígeno.

Cada vez más empresas e iniciativas ven a las ciudades como una “mina” de la que se pueden recuperar materiales de tierras raras. De acuerdo con la filosofía de la minería urbana, los materiales solo se usan temporalmente en edificios, instalaciones industriales, teléfonos móviles u ordenadores. Una vez que han cumplido su función, pueden reciclarse y reutilizarse en otros productos. Los materiales de desecho pueden recuperarse de las plantas, las infraestructuras y los vertederos existentes para crear un mercado de materias primas secundarias por un valor de 55 mil millones de euros, según estimaciones de la ONU.

La reutilización de materiales conlleva la ventaja adicional de ser menos contaminante, ya que la minería convencional para tierras raras a menudo implica altos niveles de toxicidad. Por ejemplo, un esquema desarrollado en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, se centra en un método de triturar y aplastar físicamente las bombillas LED desechadas para extraer metales, incluidas las tierras raras. Los investigadores del proyecto afirman que “del LED mismo, podemos recuperar cobre y pequeñas cantidades de metales de tierras raras, como el lutecio, el cerio, el europio y metales tecnológicos como el galio e indio”. Los investigadores admiten que “la minería urbana, incluso en su forma más eficiente, probablemente solo puede cubrir alrededor de una cuarta parte de la demanda actual de metales, pero puede complementar la minería tradicional y contribuir al medio ambiente al mismo tiempo. A largo plazo, su objetivo es limitar la exposición de las comunidades a materiales potencialmente tóxicos y alcanzar el difícil objetivo de cero residuos.