Superar barreras para el uso de estándares en la contratación pública

Las normas técnicas contribuyen a optimizar la contratación pública, pero para ello hay que superar algunas barreras. El principal escollo para generalizar este uso es el desconocimiento sobre la normalización y la forma de usar los estándares en los pliegos. En segundo lugar, falta un criterio común sobre la forma de incluir los estándares, lo que genera distintas interpretaciones en tribunales y órganos de contratación.

El papel de los estándares está reconocido en varios documentos europeos. El principal es la Directiva Europea de Contratación Pública, la cual establece que las normas técnicas se deben usar de forma preferente para fijar los requisitos técnicos en los pliegos de contratación.

Por su parte, el marco europeo de competencias para los profesionales de la contratación pública también se refiere al uso de estándares y de otros elementos de la infraestructura de la calidad. En concreto, en las competencias 5 Contratación sostenible y 13 Especificaciones técnicas, se indica que son necesarios conocimientos sobre el uso de estándares y etiquetas. En dichas competencias se habla de los estándares como herramientas para incluir aspectos como eficiencia energética, sostenibilidad, accesibilidad y calidad

Por tanto, el uso real de los estándares está lejos de alcanzar su potencial y es necesario subsanar las barreras que existen para facilitar su uso masivo.

UNE difunde el papel de la infraestructura de la calidad en la contratación pública desde hace más de cinco años, siempre colaborando con distintos agentes clave. El primer paso fue la publicación, con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de una guía para el uso de las normas y la acreditación en la contratación pública.

Esta guía dio pie a varios cursos y acciones formativas. La primera de ellas de forma presencial en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), seguido de un curso en la sede de UNE dentro de la Iniciativa Conjunta para la Normalización y de varios cursos online durante la pandemia.

Adicionalmente, UNE ha participado con ponencias en eventos como el Máster de Alta Especialización en la Contratación Pública, del Instituto de Estudios Fiscales y una jornada de la Federación Española de Municipios y Provincias. En total, hemos llegado a más de 2.000 personas, en su mayoría funcionarios públicos con responsabilidad en contratación.

Esta interacción con los expertos en contratación ha sido muy enriquecedora y ha permitido a UNE conocer las dificultades principales a las que se enfrentan los usuarios de las normas.

La situación más sencilla del uso de normas técnicas es cuando la referencia a un estándar sustituye a la descripción técnica de un producto. Por ejemplo, pidiendo que se cumpla la norma de equipos de protección, productos de construcción o material eléctrico, en lugar de las características de dichos productos. En estos casos, una posible dificultad radica en encontrar la norma técnica adecuada y en definir la demostración de su cumplimiento. Esto se solventa con cierta práctica en el uso de buscadores.

En el caso de servicios, la referencia a estándares se complica, puesto que falta unanimidad sobre “cómo” usar las normas. El uso más extendido es en criterios de solvencia, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, pero cada una tiene sus ventajas e inconvenientes

En definitiva, los estándares apoyan la contratación pública, facilitando la inclusión de aspectos más allá del precio, como son la calidad, la seguridad, la sostenibilidad, la accesibilidad e incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como pronto se podrá ver en el curso abierto y en línea que estamos preparando con la UNED. Sin embargo, todavía se deben superar algunas barreras significativas para que los beneficios del uso de normas alcancen a toda la sociedad.

No resulta necesario recordar el carácter esencial que la normalización tiene en el desarrollo de la actividad económica en el ámbito global, permitiendo establecer las mismas reglas para todos (no importa en qué sector o en qué parte del mundo) y, por lo tanto, poder comparar y valorar cualquier elemento (materiales, productos, sistemas) en condiciones de igualdad. Más necesidad habría de recordarlo en el ámbito de la contratación pública donde, por diversos motivos, se desaprovecha una buena parte de su potencial.

La normativa de contratación pública y, en particular la Ley 9/2017 de contratos del sector público, se refiere a la normalización, pero lo hace de una forma muy genérica y, tan solo, para reproducir lo que ya recogen las Directivas de Contratación Pública de 2014.

Este contexto permite explotar las ventajas que la normalización puede aportar a la contratación pública, pero no facilita su utilización por los gestores que lo perciben como algo exclusivo de los contratos más técnicos.

La normalización en la contratación pública, correctamente empleada para ayudar a determinar el acceso al procedimiento, la definición del objeto, la valoración de las ofertas y la correcta ejecución del contrato, puede suponer una simplificación y agilización procedimental reclamada largo tiempo por poderes públicos y ciudadanos.

Para lograr este objetivo es necesario guiar a los gestores y formarles para aprovechar todo este potencial, ya que la normalización continúa siendo una de las asignaturas pendientes en la profesionalización de la contratación pública.