CTN 133 Comité UNE de Telecomunicaciones

España ocupa un destacable tercer puesto en 2022 en la categoría “Conectividad” del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), el índice compuesto que resume cinco indicadores del rendimiento digital de Europa y que permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la Unión Europea en la competitividad digital. Esta cifra aún esconde diferencias de cobertura entre zonas urbanas y zonas rurales, pero las inversiones dentro del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – Banda Ancha (ÚNICO-Banda Ancha) pretenden cerrar ese hueco y proporcionar redes fijas de banda ancha en zonas rurales, remotas y poco pobladas, permitiendo así mejorar la funcionalidad y la calidad de los servicios digitales necesarios para la completa transformación digital y, con ello, aumentar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.

Un hito reseñable ha sido la publicación de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que actualiza la anterior Ley de 2014, y cuyo objeto es la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación. Como en la anterior Ley, los estándares juegan un papel esencial en la nueva. Para garantizar la interoperabilidad de los servicios y la conectividad de extremo a extremo, la facilitación del cambio de proveedor y para mejorar la libertad de elección de los usuarios, es necesario que los requisitos técnicos se reflejen en normas técnicas. ¿Qué normas técnicas habría que utilizar para, por un lado, garantizar las prestaciones descritas anteriormente y a la vez garantizar la unidad de mercado? En su “Artículo 10. Normas técnicas”, la Ley General de Telecomunicaciones establece el siguiente orden de prelación:

• Normas o especificaciones técnicas cuya aplicación declare obligatoria la Comisión Europea;
• Normas o especificaciones técnicas identificadas en la relación que la Comisión Europea elabore como base para fomentar la armonización (normas armonizadas);
• Normas o especificaciones aprobadas por los organismos europeos de normalización;
• Normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), el Instituto
• Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización
• Electrotécnica (CENELEC), la Comisión Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

En cuanto al modo en el que deben elaborarse estas normas, la Comisión Europea en su Nueva estrategia de normalización presentada en febrero de este año, ha propuesto una modificación del Reglamento (UE) Nº 1025/2012 sobre la normalización europea, con el que se pretende mejorar la gobernanza y la integridad del sistema europeo de normalización. El sistema europeo es abierto, transparente, inclusivo e imparcial y debe recaer en los agentes europeos, es decir, en las delegaciones nacionales -los organismos nacionales de normalización de los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE)- la decisión sobre las normas europeas, para limitar posibles influencias por parte de representantes de terceros países en las decisiones de sectores clave, como es el caso de las telecomunicaciones. Esta modificación del Reglamento (UE) Nº 1025/2012 obliga a que las siguientes decisiones, cuando afecten a normas que se van a utilizar para demostrar el cumplimiento de legislación europea, sean tomadas exclusivamente por los representantes de los organismos nacionales de normalización europeos:

• Decisiones sobre la aceptación de las solicitudes de estandarización (el primer paso para elaborar estas normas por encargo de la CE);
• Decisiones sobre los nuevos proyectos de norma necesarios para cumplir esa legislación;
• Decisiones sobre la adopción, revisión o anulación de las normas europeas elaboradas.

Desde 1990, el Comité UNE de Telecomunicaciones (CTN 133) tiene en su campo de actividad la normalización de todo lo relacionados con las tecnologías, equipos, productos, infraestructuras, redes, medios, servicios y otros aspectos en el campo de las telecomunicaciones. Sin embargo, en su última reunión celebrada el 21 de noviembre de 2022 ha adaptado su campo de actividad y su estructura para adecuarse al nuevo escenario planteado por la modificación del Reglamento (UE) Nº 1025/2012. Al campo de actividad tradicional indicado anteriormente, suma las siguientes funciones:

• Coordinación con la Administración en los temas relacionados con la normalización de las telecomunicaciones.
• Coordinación de la Delegación Nacional en ETSI.
• Definición de la postura nacional a emitir en la Asamblea General de ETSI, cuando corresponda.

Para cumplir estas funciones, ha adoptado la estructura que se muestra en la figura 1.

Este comité desarrolla estándares aplicables, entre otras, a las siguientes regulaciones europeas:

• Directiva 2014/53/UE sobre la comercialización de equipos radioeléctricos;
• Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética;
• Directiva (UE) 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público;
• Reglamento (UE) 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

El comité CTN 133 está presidido por Pedro Alonso Manjón, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la secretaría la desempeña UNE.

La aprobación de la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones, una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española (conocido como PRTR), supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Esta nueva Ley sustituye a la anterior de 2014, cuya aplicación y el esfuerzo inversor de empresas y Administraciones, junto con el singular esfuerzo de las ayudas públicas de los últimos años, ha llevado a España a un privilegiado tercer lugar entre nuestros socios europeos en lo que se refiere a infraestructuras de conectividad en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI).

Las comunicaciones electrónicas son un pilar de la transformación digital de la economía, un elemento imprescindible para el desarrollo económico y un factor vertebrador del territorio y de cohesión social, mediante la fuerte contribución a la reducción de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Con respecto a este último aspecto, tenemos el reto de terminar de universalizar el acceso a la banda ancha ultra rápida en todo el territorio permitiendo así mejorar la funcionalidad y la calidad de los servicios digitales necesarios para la completa transformación digital y con ello aumentar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, a través del programa ÚNICO-Banda Ancha.

Este programa, ÚNICO-Banda Ancha, inició su andadura en 2021 y ya ha realizado dos convocatorias adjudicando ayudas próximas a los 500 M€, dentro del marco del PRTR en la denominada Componente 15 del mismo: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G, Inversión 1: Favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes: Extensión de banda ancha ultrarrápida.

Como no podía ser de otra manera en el mundo de las telecomunicaciones, cuya esencia es conectar, son fundamentales los estándares que garantizan la interoperabilidad, seguridad, ciberseguridad, la protección del especto radioeléctrico o la eficiencia energética, en definitiva, los estándares que se desarrollan en el CTN 133 Telecomunicaciones.