Facilitar el mercado de los servicios energéticos

La mejora de la eficiencia energética, es decir, realizar la misma actividad con un menor consumo de energía, se reconoce hoy en día como un elemento fundamental para afrontar los problemas energéticos a los que nos enfrentamos como sociedad. Así se ve reflejado en la modificación de los compromisos que la Unión Europea fijó para 2020 en materia de eficiencia energética, que los elevará hasta superar el 30 % de mejora en 2030 en la inminente revisión de la Directiva 2012/27/UE[1]. La reciente publicación de la Norma UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos constituye una herramienta que contribuye al despliegue de estos servicios y a alcanzar estos compromisos.

El factor energético incide en dos aspectos clave para la industria y la sociedad. Por un lado, en el aspecto ambiental, con unos impactos en el medio ambiente asociados al consumo de recursos para la generación y el transporte de la energía, así como a las emisiones asociadas; por otro, en el aspecto económico, pues la relación energía demandada/coste económico es evidente. Teniendo en cuenta también las necesidades del propio sistema energético, los beneficios de la mejora de la eficiencia energética se agrupan en tres bloques: mejorar las necesidades de independencia energética, seguridad y competitividad del sistema energético; reducir su impacto ambiental mediante la mitigación del cambio climático; y mejorar de forma directa los resultados económicos de cualquier actividad.

Mejorar la eficiencia energética implica identificar, llevar a cabo y verificar una serie de actuaciones, siendo fundamental que estas actividades se realicen con el rigor necesario para que el resultado final sea eficaz y fiable. El proveedor de servicios energéticos (PSE) centra su actividad en llevar a cabo las acciones anteriores sobre la actividad de su cliente considerando la complejidad de dicha actividad y con el objetivo último de mejorar su eficiencia energética. Su nivel de desarrollo en los distintos países miembro es dispar, existiendo, en el caso concreto de España, un gran potencial para su avance.

La importancia de los servicios energéticos y del PSE se revela como fundamental para alcanzar los objetivos de ahorro energético comunitarios tal y como lo reconoce la citada Directiva 2012/27/UE. Esta directiva promueve el mercado de los servicios energéticos y fomenta la figura del PSE, instando a los países miembro a establecer los sistemas de reconocimiento de la cualificación necesaria para desarrollar esta actividad y citando específicamente la importancia de la transparencia para generar confianza en dicho mercado.

En España, esta cualificación queda recogida por el Real Decreto 56/2016[1], que traspone parcialmente la referida Directiva, y reúne otras importantes medidas que constituyen un impulso notable hacia la mejora de la eficiencia energética del tejido industrial y de servicios en nuestro país. El texto legislativo incorpora la figura del proveedor de servicios energéticos y regula los requisitos que debe cumplir para obtener su acreditación, sin embargo, la propia definición del PSE da cabida a distintos tipos de entidades que tienen una participación diferente en el proceso de mejora de la eficiencia energética. Las distintas actuaciones que pueden desarrollarse dentro de este proceso incluyen el análisis de la situación energética del cliente en el momento de partida y la identificación de las oportunidades de mejora (auditoría energética); la implementación de dichas medidas que puede tomar, a su vez, distintas formas (explotación y mantenimiento de instalaciones, realización de obras, sustitución de equipos, implantación de un sistema de gestión energética, etc.); o la medición y verificación de que las medidas de mejora dan el resultado esperado.

El abanico de actuaciones que pueden desarrollar estas entidades ha dado lugar de forma natural a la existencia de proveedores de servicios energéticos especializados en una o varias de ellas. Por un lado, esta diferenciación permite afinar la eficiencia de estas entidades; pero, por otra parte puede suponer una barrera a la hora de contratar estos servicios al no ser esta diferenciación fácilmente identificable por aquella entidad que se plantea contratar un PSE para optimizar su consumo energético.

El objetivo de la nueva Norma UNE 216701:2018 es cubrir esta indeterminación estableciendo una tipología de proveedores de servicios energéticos en función de los tipos de actuaciones que realizan. Además, la norma incluye unos requisitos mínimos de capacidad y experiencia técnicas que permitan al cliente asegurarse de la calidad y buen hacer que hasta ahora tenía que presuponer en el PSE ante la ausencia de un referencial consensuado. La iniciativa ha sido impulsada desde el propio sector y se ha desarrollado en un grupo de trabajo en el que han participado un total de 14 asociaciones sectoriales representando distintos actores relacionados con el mercado de los servicios energéticos. Las definiciones sobre las que se construye la norma se han tomado de los distintos textos legislativos que son de aplicación para favorecer su complementariedad. Además, un mismo proveedor de servicios energéticos puede pertenecer a varios de los tipos de PSE establecidos.

La norma ha sido impulsada por la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC) y la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). Estas asociaciones trabajaron en 2015 en una primera clasificación de PSE que dio lugar a la especificación técnica EA 0055 que será anulada y sustituida por la nueva norma.

Establece tres tipos de proveedores de servicios energéticos en función de los tipos de actuación. Se trata del PSE de auditoría y consultoría, que engloba a los proveedores de servicios energéticos que realizan acciones de auditoría energética, consultoría, ingeniería o proyectos de eficiencia energética que deben realizarse conforme a las normas técnicas existentes (UNE-EN ISO 50001[1], UNE-EN ISO 16247[2], etc.);el PSE de explotación, que agrupa a los proveedores de servicios energéticos que prestan labores de mantenimiento, explotación o control de cualquier tipo de instalación, edificio o industria consumidora de energía; y el PSE de inversión, que comprende a los proveedores de servicios energéticos que realizan los servicios energéticos propios de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) tal y como se define en el Real Decreto Ley 6/2010[3], es decir, que incluyan la inversión en obras, suministros o inmateriales y vinculando el pago de dichos servicios al ahorro de energía conseguido (ver tabla 1). La vía de clasificación pasa por la acreditación de contratos públicos o privados donde consten estas actuaciones, admitiéndose como alternativa a otros tipos de acreditación de la ejecución de estas actuaciones.

Además de esta clasificación, la Norma UNE 216701 establece distintas categorías dentro de cada tipo de PSE en función de su experiencia, ámbito de actuación y recursos cualificados. Para ello establece tres niveles en función de aspectos como la facturación del proveedor de servicios energéticos, la cuantía económica de sus contratos, el número medio de profesionales dedicados a los servicios energéticos o las comunidades autónomas en las que ha trabajado. Asimismo, se incluye una categoría sin experiencia para dar cabida a PSE que se incorporan al mercado de los servicios energéticos y fomentar la evolución de sus capacidades hacia una mejor cobertura de las necesidades del cliente. El resultado ha sido una clasificación de proveedores de servicios energéticos basada en el consenso que cuenta con la aceptación y el respaldo mayoritario de las asociaciones del sector, y que constituye una herramienta para generar confianza en las posibilidades que ofrecen los servicios energéticos.

¹ DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

² Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

³ UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 50001:2011)

⁴ Serie UNE-EN 16247 Auditorías energéticas (Partes 1 a 5)

⁵ Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

El desarrollo del mercado de servicios energéticos en España es clave para lograr los objetivos que persigue la política energética europea: aumentar la seguridad en el abastecimiento, garantizar la competitividad de las economías y promover la sostenibilidad ambiental del sistema energético. La Directiva 2012/27/UE y el Real Decreto 56/2016 contemplan determinadas definiciones que afectan a los Proveedores de Servicios Energéticos, estableciendo una amplia variedad de actuaciones y permitiendo la prestación de múltiples servicios de distintos alcances, lo que hace necesario establecer unos criterios de normalización y calidad para la mejor toma de decisiones por el mercado.

La Norma UNE 216701 es el resultado del consenso del sector que ha optado por realizar un trabajo encaminado a que tengan cabida en la misma todos los Proveedores de Servicios Energéticos (PSE), estableciendo para ellos distintos niveles y categorías que aclaran su actividad. Se consigue que los distintos PSE puedan ser comparables y categorizables en función de sus actividades, lo que aporta mayor claridad y confianza al mercado acerca de la distinta tipología de PSE existentes de acuerdo a sus actuaciones; reconociéndose también la singularidad respecto a los grupos de empresas y las UTE, a la hora de prestar servicios energéticos, en consonancia con la realidad del tejido empresarial de nuestro país.

Asimismo, y en consonancia con los nuevos criterios de calidad y contratación ecológica recogidos en nuestra reciente legislación de contratos públicos, esta norma otorgará a las distintas administraciones públicas una posibilidad de acreditar la necesaria solvencia en la prestación de los diferentes servicios energéticos.